Trabajadores de la UPI de Castelli en estado de alerta desde el lunes, por precarización laboral.
Desde este lunes 13 de marzo, trabajadores precarizados de la Unidad de Protección Integral – UPI – de Castelli, permanecerán en estado de alerta y movilización por 72 horas; con un eventual paro para los días jueves y viernes en reclamo de mejores condiciones laborales y mayores recursos e insumos de trabajo.
En este sentido, este viernes por la mañana se reunieron con el representante de UPCP, Darío Mansilla, para consensuar la medida de fuerza con el objetivo de «ser escuchados por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia», expresaron.
Piden pases a planta para los trabajadores becados que actualmente están percibiendo honorarios de 35 mil pesos mensuales; y sostienen que constantemente son víctimas de acoso laboral . «La situación es insostenible, así no se puede trabajar, no tenemos recursos para desarrollar nuestro trabajo; y nuestra área de cobertura es muy amplia», sostiene una profesional.
la delegación local del UPI cuenta con equipo técnico conformado por abogados, trabajadores sociales, y traductor y un chofer. Si bien algunos son de planta, la mayoría únicamente perciben becas del programa «Más Inclusión».
LA DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
Desde el equipo enviaron un comunicado de prensa donde describen la compleja situación en la que tienen que desempeñarse.
La realidad de los Trabajadores precarizados de la UPI – Región Impenetrable
«Hace varios años un grupo de trabajadores profesionales con títulos Universitarios (abogados y trabajadores sociales) y administrativos dependientes de la Subsecretaria de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, realizan su arduo trabajo sin percibir un sueldo digno y acorde a toda la actividad que los mismos realizan día a día, noche a noche, fines de semana, feriados, y los 365 días del año. Por esta labor reciben una ínfima suma de tan solo 40.000 pesos traducidos en una beca a la que llaman “Programa mas inclusión”, destinadas a trabajadores con títulos universitarios cuya actividad consiste en realizar atención al público, asesoramientos, trabajo de campo (visitas domiciliarias, seguimiento de cada situación, viajes a otras localidades incluyendo parajes, zonas aledañas y a veces alejadas, asistencias a audiencias, intervención en desalojos), entre otras, sin contar la cantidad de horas extras realizadas en las emergencias que suceden en altas horas de la madrugada exponiéndose a todo tipo de peligros, realización de horas extras que no son remuneradas (de manera gratuita) y en cuanto al personal administrativo atención al público, carga y armado de expediente de varias localidades, realización de notas y envíos de documentación interna, además personal de maestranza quienes perciben una beca de 35.400 pesos traducidos en una “beca” a la que llaman “Programa mas inclusión”.
Tampoco cuentan con un seguro de vida que todo trabajador debe tener, mas siendo beneficiarios de programa más inclusión quienes se arriesgan a diario a todo tipo de peligro, que de hecho ya ha pasado en varias oportunidades cuando estos son agredidos por personas en plena intervención de situaciones.
En cuanto al traslado del equipo para resolver situaciones graves, como la mayoría de las veces no tienen los recursos para poder asistir a una emergencia, ya que si bien se cuenta con un móvil oficial que anda a medias ya que le falta mantenimiento es notorio y que incansablemente han solicitado al organismo correspondiente dicho mantenimiento, sumado a ello la falta de chofer para manejar el móvil oficial ya que la mayoría de las veces el equipo técnico debe asistir a las emergencias con movilidad propia y en el caso de que no puedan acudir inmediatamente les llaman la atención amenazándolos que los van a suspender sin importar que no tienen los recursos necesarios para poder solucionar cada una de las emergencias .
Si bien estos trabajadores cuentan con una obra social, llamada SIMED (sistemas médicos) la misma solamente funciona en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, por lo que para poder acceder al beneficio de esta obra social brindada por el Estado Provincial se deben trasladar desde la ciudad de Juan José Castelli hacia la ciudad mencionada, por lo que al fin y al cabo no pueden dar uso a esta obra social atento a que con lo que perciben de beca no logran realizar dicho viaje porque además tiene que mantenerse y atender a otras necesidades básicas.
Cabe aclarar que el trabajo realizado por el equipo técnico comprende todo el departamento Güemes y Maipú, por lo que deben sobrecargarse de trabajos y priorizar siempre la Integridad de Niños Niñas y Adolescentes, debiendo la mayoría de las veces arreglárselas como puedan sin ayuda de sus superiores (el propio estado provincial), quienes hacen la vista gorda de lo que realmente está pasando en la UPI. Varias veces se les planteo a los superiores las malas condiciones y el sueldo indigno que perciben no teniendo respuesta alguna, ni siquiera diciendo que lo van a considerar, pues lo único que se pide es el pase a planta de los trabajadores precarizados que ni siquiera llegan a percibir un Salario Mínimo Vital y Móvil.
Todo esto sin mencionar al DEC-2023-28-APP-CHACO de concursos de antecedentes y oposición Planta Permanente donde el gobernador de la Provincia del Chaco decreta en uno de su articulado que uno de los requisitos para acceder a dicho concurso es: constancia de no ser beneficiarios de los programas: potenciar trabajo, renta mínima progresiva y becas de todo tipo y demás emolumentos, atento a la incompatibilidad de participación en el concurso de dichos beneficiarios, pues claramente los trabajadores de la UPI, no pueden ser postulantes a este concurso, siendo que ya están trabajando años en condiciones precarizadas, siendo clara la ausencia total del estado para con sus trabajadores.
Como se evidencia el estado crea un programa y una ley que a todas luces quiere que funcione, pero sin embargo, esto no ocurre a causa del total desamparo por parte del estado a su propio personal, que si solicita mejor condición laboral muchas veces son coaccionados, con amenazas de suspensión o descuentos de becas, como ya fueron realizados en el año 2021, a tres de esos personales, por presentar licencia médica.
¿Qué respuestas se le puede brindar a la sociedad? Si no tenemos recursos. Claramente no se llegan a cubrir todas las demandas con su poco y precarizado personal.
¿Cuánto más puede aguantar un trabajador bajo estas condiciones? ¿A caso un profesional que realiza actividades esenciales como nosotros, no tiene derecho a percibir por lo menos el monto de un salario, mínimo, vital y móvil? ¿Los trabajadores precarizados de la UPI tenemos algún derecho?»
