Castelli: Trabajadores de la UPI siguen reclamando mejores condiciones laborales
Los empleados de la Unidad de Protección Integral de Castelli manifestaron su preocupación por las condiciones salariales y los escasos recursos con los que cuentan para realizar su tarea. Plantearon que «nuestros gobernantes que debieran dar una mínima respuesta al personal de su dependencia brillan por su ausencia y la institución se encuentra en total abandono una vez más».
A través de un documento, describen las condiciones en las que trabajan, y pidieron al gobierno de turno una respuesta de manera urgente. Aseguran que son apenas 7 empleados, profesionales con títulos universitarios, que tienen que atender la necesidad de los departamentos General Güemes y Maipú; abarcando las localidades de Tres Isletas, Juan José Castelli, Espinillo, Miraflores, Villa Rio Bermejito, Zaparinqui. «¿Cómo se puede atender y ayudar las necesidades de una sociedad si el personal que lo debe hacer es el más vulnerado, contando con un sólo móvil oficial, el cual se encuentra siempre sin combustible ya que por mes para atender los casos de todo el departamento Güemes y Maipú solamente brindan tres tanques de combustible, que se debe usar para seguimiento, traslados y diversas intervenciones, sumado a que actualmente el móvil se encuentra sin cubiertas aptas para circular», plantean. En este sentido, cuestionan que históricamente los funcionarios dicen en sus discursos “peleamos por una infancia sana, por sus derechos, para erradicar la violencia y el maltrato”, pero que las instituciones «ni siquiera tienen lo mínimo indispensable para llevar adelante los trabajos encomendados. –
La UPI trabaja para brindar respuestas a la sociedad , y cuenta con siete personas para atender la demanda de más de seis localidades con sus respectivos parajes rurales; para atención al público, asesoramiento, trabajo de campo con visitas domiciliarias, seguimientos de cada situación de los diferentes departamentos, asistencia y participación en audiencias judiciales, desalojos, traslados a diferentes localidades o a los Espacios Convivenciales Alternativos.
«¿Cómo ese personal conformado por mujeres puede seguir trabajando bajo esas condiciones cobrando algunas de ellas una ínfima suma de 82.400 pesos, sin pago de guardias, bonificaciones, sin viáticos, sin seguro de vida, cuenta con una cobertura médica, pero con el detalle que no funciona en las localidades mencionadas, debiendo el personal trasladarse 200 kilómetros para poder usarla, parece una burla hacia el personal, pero es la realidad en que se encuentran trabajando hace años?», se preguntan, entre otras cosas.
EL DOCUMENTO COMPLETO
«Desde la creación de la Unidad de Protección Integral en el año 2010, nuestros gobernantes que debieran dar una mínima respuesta al personal de su dependencia brillan por su ausencia y la Institución se encuentra en total abandono una vez más. Sin importar el color político de turno. Debiendo estos respaldar lo esencial de la creación de este organismo que no hace otra cosa que velar por los derechos de los más vulnerados.
Le preguntamos a nuestros gobernantes cómo se puede proteger, prevenir y erradicar derechos de una sociedad, en donde el personal que lo debe hacer, está conformado por siete personas, mujeres profesionales con títulos universitarios, quienes deben atender la necesidad del Departamento General Güemes y Maipú abarcando las localidades de Tres Isletas, Juan José Castelli, Espinillo, Miraflores, Villa Rio Bermejito, Zaparinqui zona Urbana y parajes aledaños de los antes mencionados son las más vulnerado por el Estado.
Cómo se puede atender y ayudar las necesidades de una sociedad si el personal que lo debe hacer es el más vulnerado, contando con un sólo móvil oficial, el cual se encuentra siempre sin combustible ya que por mes para atender los casos de todo el departamento Güemes y Maipú solamente brindan tres tanques de combustible, que se debe usar para seguimiento, traslados y diversas intervenciones, sumado a que actualmente el móvil se encuentra sin cubiertas aptas para circular. A lo que nuestros gobernantes llaman “Institución” y se llenen en decir con el pecho en alto en sus discursos “peleamos por una infancia sana, por sus derechos, para erradicar la violencia y el maltrato”, ni siquiera tienen lo mínimo indispensable para llevar adelante los trabajos encomendados. –
Cómo una institución tan importante que deben brindar alguna respuesta a la sociedad tiene siete personas para más de seis localidades con sus respectivos parajes para atención al público, asesoramiento, trabajo de campo (visitas domiciliarias, seguimientos de cada situación de los diferentes departamentos, asistencia y participación en audiencias judiciales, desalojos, traslados a diferentes localidades o a los Espacios Convivenciales alternativos. Como ese personal conformado por mujeres puede seguir trabajando bajo esas condiciones cobrando algunas de ellas una ínfima suma de 82.400 pesos, sin pago de guardias, bonificaciones, sin viáticos, sin seguro de vida, cuenta con una cobertura médica, pero con el detalle que no funciona en las localidades mencionadas, debiendo el personal trasladarse 200 kilómetros para poder usarla, parece una burla hacia el personal, pero es la realidad en que se encuentran trabajando hace años.
Como pueden nuestros gobernantes seguir exponiendo a mujeres a hacer guardias y a intervenir en situación graves a altas horas de la madrugada, exponiéndose a todo tipo de peligro, gratis. Porque recordemos que para nuestros gobernantes las guardias y las horas extras que realizan el personal son totalmente gratuitas, pero si están este grupo de mujeres amenazadas si no lo realizan.
Hoy le preguntamos al Estado si acaso las mujeres que trabajan en la Unidad de Protección Integral no tienen derecho de percibir un sueldo digno, por su labor profesional, siendo de público conocimiento los contratos de $360.000 mil y de $800.000 mil pesos que hace unos meses comenzaron a salir a la luz de gente incorporada ni hace 30 días y que a la gente que se encuentra trabajando hace años no las tuvieron en cuenta, si se las tuvo en cuenta a la hora de hacer promesas que jamás han sido cumplidas por parte de este gobierno.
Una vez más la ironía de un Estado ausente, la ironía de intentar proteger derechos de demás personas cuando las que lo deben hacer no conocen que significa tener esos derechos. Pero estas mujeres son las únicas que ponen la cara a la hora de intervenir, ya que sus superiores no son capaces de hacerlo escudándose en que el trabaja de intervención es de ellas, ahora me pregunto ¿por quién responden estas mujeres si no es por el gobierno.? Le preguntamos hoy a nuestros gobernantes, ¿cómo se puede dar una respuesta a la sociedad? si hace 90 días no hay hojas, no hay tóner y ni hablar que en la localidad de Tres Isletas las técnicas al momento de realizar una entrevista la deben hacer de pie, ya que no cuentan con sillas, ni siquiera mobiliario básico lo que da cuenta la insalubridad en la que se encuentran estas trabajadoras. –
Nuevamente le preguntamos nuestros gobernantes, ¿cuál es el precio a pagar de las profesionales que están trabajando sin ser parte de un color político? ¿Será que esto es suficiente para que tanto el gobernador, la ministra, y el subsecretario se apersonen en la Unidad y vean en las condiciones en que estas mujeres se encuentran trabajando, resalto trabajando que es lo único que hacen y hace años, acaso eso también no es violencia de género? ¿Cuántos contratos más veremos salir a la luz hasta que estos trabajadores tengan una respuesta, o los sueldos de nuestros gobernantes también rondan en la mísera suma de 82.400 pesos? Dato no menor es que en la plataforma de tu Gobierno Digital en el mes de mayo “apareció” la ilusión de un aumento de beca, el que nunca sucedió bloqueando la plataforma hasta la actualidad. Y hoy me pregunto, ¿será ese dinero también destinado para los “privilegiados contratados” de nuestro nuevo gobierno? –
En un “famoso” programa de radio solventado por los impuestos de la sociedad he oído muy vulgarmente decir “si no tienen respuestas del gobierno o no se sienten conformes con su sueldo, que den un paso al costado y den lugar a personas que quieran trabajar” a esto hay que informar a la sociedad, que en primer lugar estas personas se encuentran trabajando por amor a su profesión y sobre todo por ética profesional porque hay que estar trabajando en esas condiciones, y lo que piden no es nada descabellado, simplemente piden lo que cualquier persona quisiera que es un sueldo digno. En segundo lugar, claro que han ingresado nuevos profesionales, pero, como es de suponerse al ingresar fueron conscientes de semejante magnitud de responsabilidad y exigencias por la miserable suma de 82.400 pesos lo que lógicamente los llevó a renunciar, en menos de 15 días. Sin contar que los profesionales que quedaron hace dos meses no perciben la beca, con excusas de falta de legajo entre otras.»
