Causa Cuadernos: según la fiscalía, «Cristina Kirchner era la destinataria de los fondos»

En la quinta jornada del cuicio oral por la Causa Cuadernos se leyó la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, quien afirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner «era la destinataria final de los fondos», y que ella «recibió sumas de dinero en sus domicilios» proveniente del pago de coimas por parte de empresarios durante su gobierno.

«La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados», dice el requerimiento de elevación a juicio que terminó de conocerse este jueves.

Así, la fiscalía afirmó que el cuadro probatorio permitió determinar que «gran cantidad de las entregas de dinero recibidas por los integrantes de la asociación ilícita con motivo de los pactos espurios acordados con los empresarios fueron, en último término, trasladadas, también por miembros de esa organización, a inmuebles que eran utilizados por Cristina Elisabet Fernández».

En esa línea, destacaron como puntos de entrega la Quinta de Olivos, la Casa de Gobierno y el departamento ubicado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de la Ciudad.

Durante la lectura del pedido de elevación a juicio, se realizó la acusación formal contra la exmandataria: «Cristina Elisabet Fernández deberá responder por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, reiterado en veintidós oportunidades dos cohechos».

Según la fiscalía, «Roberto Baratta fue identificado como el comunicador y receptor inicial, Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina Elisabet Fernández como la destinataria final de fondos».

Asimismo, señaló que imputados colaboradores «ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados», y agregó que Cristina Kirchner «en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas».

«Ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor», agregó la acusación.

En el requerimiento, la acusación dio cuenta de pagos ilegales que habrían sido trasladados al domicilio en Recoleta de la entonces presidenta entre 2008 y 2010, con coimas provenientes de Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, con fechas específicas y entregas, basadas en las anotaciones del remisero Oscar Centeno.

Además, dio por acreditado que la ex presidenta y los por entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, «recibieron y/o participaron» en los pagos ilegales por parte de empresarios.

El objetivo era que los funcionarios públicos «ejercieran sus influencias» para otorgar beneficios a las compañías que representaban los privados.