Despidos en Anses: «El Estado no puede ser un aguantadero de la política» dijo «Capi» Rodríguez

La delegación local de la Anses quedó envuelta en un conflicto que en realidad tiene alcance nacional, por la decisión de las autoridades de ese organismo de despedir empleados para achicar su planta de personal, fuertemente incrementada en los años del kirchnerismo en el poder. En el caso del Chaco, se cortó el vínculo laboral de una veintena de personas.

El delegado regional asentado en Resistencia, Alfredo «Capi» Rodríguez, dijo que la medida consistió en la «desvinculación» de personal que en su gran mayoría eran contratados, y mencionó que buena parte de ellos son familiares y amigos de dirigentes del peronismo provincial, el motivo principal por el que habrían logrado su ingreso al organismo, uno de los que mejores salarios tiene en el sector público.

«El Estado no puede ser un aguantadero de la política», planteó Rodríguez, que respondió a la protesta gremial instrumentada a raíz de los despidos diciendo que los referentes sindicales «deberían tratar de explicar por qué hay un ausentismo del 30 al 40% y personal que lleva años con licencias psiquiátricas».

MANIOBRAS POLÍTICAS

Rodríguez le dijo a NORTE que lo que está sucediendo en el organismo es que «se decidió desvincular a personas contratadas y entonces algunas oficinas se quedaron sin personal o con menos agentes que antes. Pero hay casos en que las oficinas fueron cerradas como parte de maniobras políticas y se las hace figurar como clausuradas por decisión de Anses, y eso no es así».

Como ejemplo citó que la delegación de Taco Pozo «no está cerrada», pese a afirmaciones sindicales en contrario, y que también permanece abierta la de Machagai, donde se atiende con personal derivado de Sáenz Peña.

En el caso de Barranqueras, Rodríguez denunció que la oficina quedó cerrada por decisión de la intendente de la localidad, Magda Ayala, aprovechando que el local en el que funciona la delegación pertenece al municipio, que lo cedió en comodato a Anses. «Le pusieron candado a la oficina y dejaron a la gente sin atención», acusó Rodríguez.

¿ACOMODOS POLÍTICOS?

El delegado regional atribuyó la decisión de la intendencia portuaria a que en la oficina de Barranqueras cesaron los contratos que beneficiaban a personas ligadas a la propia Ayala y a otras figuras del peronismo provincial.

«Se desvinculó a un hermano y una cuñada de Magda Ayala, a un amigo y exfuncionario de la intendente, a una mujer vinculada al intendente (de San Martín) Mauro Leiva, a una hermana del dirigente peronista Sebastián Benítez Molas, a un hermano del intendente de Las Garcitas, al esposo de la exfuncionaria que presidía la Fundación Chaco Solidario durante el mandato de Capitanich. El Estado no tiene por qué ser un aguantadero de la política ni los ciudadanos tienen por qué pagar impuestos para que los políticos, sus parientes y sus amigos tengan empleo fácil en el sector público», marcó Rodríguez. Horas después de la entrevista dijo a NORTE que el municipio terminó dándole a la Anses un plazo de 60 días para abandonar el local en cuestión. «Nos echan por transparentar el funcionamiento de este organismo, y lo que menos les importa es si se atiende o no a la gente», analizó el delegado.

Sobre los empleados dados de baja, Rodríguez dijo que son 44 en total en las provincias que abarca la Delegación Resistencia (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes). De ellos, 21 son de nuestra provincia. «La lista de desvinculaciones se definió en Anses central», acotó.

Gremialistas ratificaron su plan de lucha

Dirigentes gremiales del personal de Anses llevaron a cabo una protesta pública frente a las oficinas del organismo ayer al mediodía, en la vereda del edificio situado a pocos metros de la Casa de Gobierno. Fue parte de un paro y movilización que se inició a las 10 de la mañana, para expresar el rechazo sindical a despidos de empleados.

«POR UN BIEN COMÚN»

«Queremos llevar tranquilidad a las y los beneficiarios. Entendemos que la lucha gremial en contra de los despidos los afecta pero es por un bien común. Porque hoy somos nosotros pero mañana va a ser el Progresar, la Asignación Universal por Hijo y todas las políticas públicas, porque para achicar el Estado planean avanzar contra los derechos adquiridos», sostuvo Sofía Díaz, una de los cuatro trabajadores que recibió un telegrama de despido hasta el mediodía del martes.

Alejandro Delssin, delegado de ATE en la Anses local, señaló durante la movilización frente a las oficinas del organismo que «de momento son 42 los trabajadores desvinculados. Ocho de ellos de Resistencia, de los cuales cuatro ya recibieron el telegrama oficial de despido. En Barranqueras despidieron a los cinco empleados y cerraron la oficina de Anses, en Fontana despidieron al único trabajador del organismo». El responsable de la delegación, Alfredo «Capi» Rodríguez,  señaló que varias de las desvinculaciones recayeron en familiares y amigos de dirigentes peronistas (ver nota principal en esta página).

Los gremialistas afirmaron que por su protesta hoy no habrá atención al público en Anses, pero Rodríguez lo desmintió y aseguró que hoy habrá atención.

No se va a interrumpir la atención al público

Pese a que los gremialistas de la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social, enrolados en ATE, sostienen que las medidas de fuerza paralizarán la atención al público, Rodríguez dijo que en Anses se seguirá recibiendo hoy a los beneficiarios.

«Hay gente que adhiere a la protesta y gente que sigue trabajando. Lo que los sindicalistas deberían tratar de explicar es por qué hay un ausentismo del 30 al 40% en el organismo, y personal que lleva años con licencias psiquiátricas. Quien trabaja en el Estado debe tener un compromiso con la comunidad. Acá hay gente que lo entiende y que brinda lo mejor, consciente de ese rol social, pero hay otros que evidentemente no», lamentó.

A ello sumó que las protestas sindicales «pretenden poner a la gente como rehén, y eso está mal. A la gente no se le puede cortar la atención. Si creen que las medidas tomadas son ilegales, que acudan a la justicia. Pero que no dejen a los beneficiarios de Anses sin ser atendidos. No puede ser que en el Estado lo normal sea no cumplir con las obligaciones de cada uno».