El Consejo de la Magistratura analizaría la denuncia contra el fiscal Morales Bordón de Nueva Pompeya

Se trata de Francisco Morales Bordón, fiscal penal de Misión Nueva Pompeya. La comunidad Wichí de la zona lo acusó por mal desempeño en diversas causas en donde las víctimas son integrantes de ese pueblo indígena, sobre todo en casos de femicidios y desaparición de personas. La denuncia contra el fiscal será analizada esta semana por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento quien decidirá si admite la acusación para iniciar el proceso de destitución.

Francisco Morales Bordón es fiscal penal de Misión Nueva Pompeya. En los últimos años, su participación en diversas causas fue muy cuestionada, principalmente en aquellas donde las víctimas eran integrantes de comunidades indígenas.

Es por eso que, con el patrocinio de la abogada Carolina Aquino, un grupo de personas del pueblo Wichí de Nueva Pompeya presentó una denuncia formal contra Morales Bordón ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en donde se solicita que sea destituido del cargo.

La denuncia ingresó a la Mesa de Entrada del Consejo el 25 de mayo pasado. En la misma se lo acusa al fiscal de haber incurrido en el delito de prevaricato (artículo 272 y 271 del Código Penal). A esta acusación se le anexa la de mal desempeño en sus funciones, específicamente en lo relacionado con “incompetencia o negligencia reiterada”; “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” y “actos reiterados de parcialidad manifiesta”.

“Morales Bordón, en muchas oportunidades, actuó en perjuicio de la comunidad Wichí de Misión Nueva Pompeya y zonas de su jurisdicción, mostrando un marcado desinterés en el avance de investigaciones donde personas indígenas se ven damnificadas”, asegura el escrito.

Entre los casos en donde el fiscal habría actuado de manera displicente están los femicidios de Dominga Arias y de Jorgelina Reynoso, como así también las desapariciones de Salustiano Giménez y Hernán Andrada.

“Las actuaciones mencionadas se encuentran a cargo del fiscal Morales Bordón y en todas se puede advertir una investigación deficiente y superficial, sin ninguna intención de llegar a la verdad real de los hechos”, afirma el documento.

Al ir al detalle de los cuestionamientos, el escrito recuerda que por el caso de Dominga Arias actualmente no hay imputados. Dominga Arias, joven Wichí de 16 años, de la localidad de Sauzalito de El Impenetrable chaqueño, fue desaparecida, violada y asesinada por varios hombres, (se habla de al menos 5), apuñalada dos veces en la zona lumbar, y tirada al Río Bermejo, recordó en su momento la Federación Nacional Campesina.

Su cuerpo fue hallado el 13 de enero de 2018, a la vera del río, a la altura del cruce del paraje Somayem, de la provincia de Formosa, y fue trasladado por la policía de ese lugar hasta a la ciudad de Laguna Yema. Allí fue enterrada.

Siete días después de su desaparición, su padre pudo encontrarla, a pesar de que la policía de Sauzalito había mal informado diciéndole que el cuerpo encontrado en Formosa no pertenecía a su hija. Quiso hacer la denuncia en el Juzgado y en la policía de Sauzalito, pedido que fue negado, hasta que logró hacerla en el juzgado de Laguna Yema y Lomitas.

Jorgelina

En cuanto al caso de Jorgelina Reynoso, (asesinada el 20 de marzo de 2022 y su cuerpo descartado en el cementerio de El Sauzalito), hay un solo imputado, aunque el mismo se encuentra en libertad. Esto pese a que hay una testigo que lo vio junto a la víctima la noche del crimen y declaraciones del padre y la madre del sospechoso que dicen que la noche del homicidio apareció con su ropa ensangrentada, recordó la comunidad Wichí en su escrito.

Un análisis de ADN realizado bajo las uñas de Reynoso determinó que los restos encontrados pertenecen a la línea genética de Cristian Escobedo, principal imputado. A pesar de todo esto, el fiscal decidió otorgarle la libertad.

“Esto constituye un perjuicio para la investigación y para las víctimas del delito al descartar, desechar y valorar las pruebas no en su conjunto sino en forma parcial a fin de beneficiar a una parte”, remarca la abogada de la comunidad.

Salustiano

En relación a la desaparición de Salustiano Giménez, se recordó que las actuaciones se iniciaron con una denuncia realizada por su padre, el 14 de febrero de 2023. Según la denuncia contra el fiscal, a lo largo de las actuaciones, y mientras estuvo Morales Bordón, se observó una “escasa o nula investigación”, además de una “demora injustificada” para realizar las averiguaciones pertinentes lo que desencadenó una “pérdida importante de pruebas”.

“Sumado a ello, ya teníamos el antecedente de la desaparición de Hernán Andrada, que, a raíz de protestas sociales y reclamos de la comunidad indígena de la localidad, y luego de muchos días de encontrarse desaparecido, el fiscal recién articuló los mecanismos de búsqueda, los que hasta el día de hoy no arrojaron resultados”, añadió la abogada.

Cabe recordar que, en agosto de 2022, Bordón ya había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura, pero por otro hecho que también involucró a su prosecretario, Juan Carlos Alarcón.

La presentación fue efectuada por Juan Carlos Semana con el patrocinio de César López y es por el delito de cohecho. Tanto a Alarcón como a Morales Bordón se los acusó de armar causas penales para luego solicitar sumas importantes de dinero para ordenar la libertad caucionada de los detenidos o dictar su sobreseimiento.

“Esta forma corrupta de armar causas Judiciales y cobrar dinero, no es de ahora, viene desde varios meses antes, lo único que impide que salga esto a la luz es el miedo de mis vecinos a denunciar por temor a represalias por parte de estas personas que manejan muchos contactos, ya sea políticos”, señalaron en la denuncia.

¿Cómo sigue el pedido de jury? Según pudo saber LITIGIO, el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento corrió vista a Morales Bordón sobre las acusaciones en su contra. El fiscal ya respondió y esta semana el organismo decidirá si admite la acusación para iniciar el proceso de jury. De ser así, inmediatamente el funcionario denunciado quedará suspendido del cargo.

FUENTE: Litigio.com.ar