El Gobierno defendió la privatización de Aerolíneas, pero fracasó en su intento de apurar un dictamen

En un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendieron la privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero el oficialismo libertario y sus aliados de Pro fracasaron en su primer intento por obtener el dictamen esta misma jornada y el debate continuará el próximo martes.

En su primera intervención, los funcionarios de Javier Milei cuestionaron el déficit de la empresa, la compararon con el régimen absolutista del rey francés Luis XIV y hablaron de un «despilfarro» de recursos. Sobre el conflicto gremial que atraviesa el sector, acusaron de «delincuentes» a una porción de los trabajadores que hacen huelga.

Si bien estaba citado, el presidente de la compañía estatal, Fabián Lombardo, no asistió. Fuentes de la empresa confirmaron su ausencia cuando ya estaba iniciada la reunión. Según informaron los referentes del plenario, el presidente de la entidad justificó su faltazo «por temas de agenda».

Voceros de la compañíá, no obstante, indicaron que quisieron centrar la discusión en la privatización, «que es una decisión política y de gobierno». «Es un tema de fondo, y no de la gestión del día a día, que es su responsabilidad directa. Va a participar de las consultas que se le hagan por cuestiones técnicas y de gestión», informaron.

En el encuentro se empezaron a debatir dos iniciativas que buscan declarar a la empresa «sujeta a privatización», algo que preveía la Ley Bases pero que, a instancias de un sector de la oposición en el Senado, se quitó. La presidenta del plenario, Pamela Verasay (UCR), anticipó que los miembros de la comisión podrán sugerir nuevos invitados hasta el viernes a la tarde. Así, el tratamiento de estos proyectos se preanuncia largo y es probable que continúe en las próximas semanas.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, propuso que en la próxima cumbre se convoquen a los representantes de los sindicatos en conflicto. «Asumamos el compromiso de gestar una mediación para actuar en el conflicto que ustedes sistemáticamente decidieron que tiene que seguir abierto», exigió a los funcionarios presentes.

Tras una primera explicación de los proyectos por parte de sus autores, Hernán Lombardi, de Pro, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, disertó Rolandi. El funcionario defendió la privatización de la aerolínea de bandera, criticó en duros términos la administración actual y habló de dos ejes: el «déficit de la compañía» y «el avasallamiento de su dirigencia». Para graficar el déficit, indicó que la empresa perdió lo equivalente a «900 aviones». «Ese fue el despilfarro y la locura de seguir manteniendo una empresa donde nunca se le limitó el giro discrecional de fondos», consideró.

Sobre el segundo punto, esbozó una comparación entre la dirigencia actual y el rey francés Luis XIV, al que se le adjudica la frase «el Estado soy yo». «Aerolíneas Luis XIV manejaba la capacidad de todo el sistema aerocomercial», indicó Rolandi, quien destacó que cuando la administración libertaria empezó a trabajar sobre la desregulación que inició con el DNU 70/2023, «vimos que en la Argentina no existe un criterio para la asignación de recursos entre las aerolíneas de todo el eslabón aerocomercial».

Consideró que en la compañía del Estado «se vuela muy caro porque Aerolíneas Argentinas se comió al resto con prácticas que no existen en otro lugar». Y exigió a los legisladores presentes: «Saquémonos a este yunque».

A su turno, el secretario de Transporte Mogetta subrayó que el objetivo de la privatización es que Aerolíneas «compita con las mismas reglas con las que funcionan las otras aerolíneas porque la distorsión no le ha hecho ningún favor a la compañía». Sobre el déficit, precisó que la compañía «ha tenido que ser asistida en 8000 millones de dólares por el Estado argentino, algo que este país no está en condiciones de destinar para sostener una aerolínea deficitaria».

Mogetta evaluó que los nueve paros que se sucedieron a lo largo de la gestión de Milei «hacen perder entre un millón y dos millones de dólares por día». Y concluyó: «Por su capacidad de personal e historia, Aerolíneas tiene las condiciones para competir con otras, permitámosle que eso suceda». Terminadas las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, se abrió la ronda de preguntas de los diputados miembros de las comisiones del plenario.

Los dos proyectos que se discuten plantean lo mismo: la autorización inicial al Poder Ejecutivo para que luego envíe el pliego de privatización a Congreso y se inicie el procedimiento pautado en la ley de Reforma del Estado. Por eso, es esperable que haya un dictamen común, aunque esa posibilidad todavía es lejana. Es probable que una porción del radicalismo acompañe, así como parte del bloque Encuentro Federal, que exige que el Gobierno precise las condiciones de venta de la compañía antes de «firmar un cheque en blanco».

El plenario por momentos se transformó en un hervidero. Con carteles en los que se leía la frase: «Los cielos no se venden, Aerolíneas Argentinas se defiende», el kirchnerismo y la izquierda se rehúsan a ceder a manos privadas el control de la compañía estatal. De hecho, esta semana parte del bloque de UxP recibió al piloto y secretario general de uno de los gremios más duros (APLA), Pablo Biró, con el fin de plantear una estrategia para frenar la liquidación de la empresa. Mientras transcurrió el debate en la comisión, el frente de gremios aeronáuticos manifiestaron su rechazo con una protesta en las inmediaciones del Congreso.

El debate

Fernando Carbajal, de la UCR, señaló que los proyectos de Pro y la CC «están mal presentados». Explicó que la ley de privatizaciones pecisa que la declaración de una empresa del Estado como «sujeta a privatización» es una facultad del Poder Ejecutivo. «Encarrilen el trámite de la ley, está todo mal y yo cumplo en avisárselo», dictaminó el formoseño. Y sumó: «El proyecto debe contener necesariamente cuál es la propuesta de privatización que trae. No les vamos a firmar un cheque en blanco».

Uno de los primeros legisladores en tomar la palabra fue Christian Castillo, de la Izquierda. Rechazó categóricamente la venta de la compañía estatal y defendió su funcionamiento al subrayar que «permite que destinos no rentables sean compensados por destinos rentables, que son importantes para el resto de la población». Además, aprovechó el micrófono para chicanear a los funcionarios del gabinete libertario: «Rolandi -que además de vicejefe de Gabinete es parte del directorio de YPF- gana $70 millones por mes. Cómo no van a hacer huelga si le bajan los salarios, que hablen ustedes de privilegios es un poco ofensivo para los trabajadores». Durante su informe en el Congreso, Guillermo Francos, quien también integra la mesa directiva de YPF, indicó que tanto él como Rolandi no perciben un salario por su participación en la compañía.

Diego Giuliano, diputado de Unión por la Patria y exsecretario de Transporte durante el gobierno de Alberto Fernández y cercano a Sergio Massa, analizó la intención de privatización del Gobierno: «Hay un clima de conflicto gremial y tiene una sensación de revancha». Para sortear las acusaciones de ser una empresa deficitaria, detalló: «Aerolíneas atravesó la pandemia sin mayores dificultades, donde se generó la mayor crisis de la aeronavegación del mundo. Cuando dicen que en 15 años hubo 8000 millones de dólares de aportes del estado, bueno, Alemania en un dia aportó 9000 millones de euros para rescatar Luftansa y para rescatar Air France y KLM aportaron más de 10.000 millones de euros para sostenerlas. Se caían las empresas de los Estados Unidos y el gobierno de Trump puso 25 mi millones de dólares para sostenerlas». Y sumó: «Aerolínas vuela a 22 destinos donde nadie más vuela y a 39 destinos sin pasar por Buenos Aires, esto no es importante para los que están abrazados al Obelisco, pero si para los que vivimos en la Argentina federal».

El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, hizo hincapié en la forma en que el Gobierno pretende privatizar la aerolínea de bandera. «Tienen que explicar qué formato de privatización, qué metodología, qué controles y qué beneficios al comprador le van a dar», dictaminó. Objetó, además, la dilación del oficialismo de constituir la Comisión Bicameral de Privatizaciones. «No sabemos en qué idioma ya pedirles que constituyan las bicamerales. Es poco serio que estemos acá reunidos y no se constituya la bicameral de privatizaciones», sentenció.

A modo de respuesta, Rolandi tildó de «anacrónico» el concepto de «aerolínea de bandera». «Estamos discutiendo algo que ya no existe», consideró. Respecto de la conectividad, indicó que «es cierto que hay rutas que no son rentables, pero hay una articulación entre el estado y empresas privadas que es más eficiente y aporta a la federalismo». Y explicó: «Que cada localidad pueda hacer estos acuerdos para mantener la conectividad. Así se resuelve en todo el mundo. No podemos tener destinos que no son rentables todo el año», dijo.

El momento de mayor tensión se dio cuando Mogetta catalogó de «delincuentes» a una porción de los trabajadores de Aerolíneas. «No son trabajadores, llamemos las cosas por su nombre, están defendiendo delincuentes», les achacó al bloque de UxP, lo que desencadenó gritos y silbidos de desaprobación. «La postura del Gobierno es firme contra estos hombres que se creen dueños de la compañía, que se van de vacaciones a España, lanzan una huelga y dejan colgados a todos los pasajeros», sumó.

Fuente: LA NACION.