Emergencia en discapacidad: Diputados rechazó el veto de Milei
El oficialismo quedó prácticamente solo en la defensa del veto, acompañado por el PRO, la cordobesa Cecilia Ibáñez y dos legisladores cercanos al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. En cambio, la oposición se mostró más cohesionada que en la votación original de junio: sumó 24 votos positivos más y registró menos ausencias. Las abstenciones provinieron de María Eugenia Vidal y Gabriela Besana, ambas del PRO.
El resultado generó euforia en las bancadas opositoras, que reunieron desde el kirchnerismo hasta bloques federales, pasando por la UCR y los diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora. Incluso se registraron cambios de postura: dos legisladores mendocinos alineados con Cornejo pasaron de apoyar la ley a rechazarla tras sellar un acuerdo con Milei, mientras que la chubutense Ana Clara Romero hizo el camino inverso.
El autor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, fundamentó: «La ley está fuera de la grieta y es de pura racionalidad económica. El veto es absurdo y no tiene impacto fiscal. El sistema está colapsado y la situación es desesperante».
El debate ahora pasó al Senado, donde la oposición confía en sostener la iniciativa, ya que la cámara alta había aprobado la ley por unanimidad antes del veto presidencial.
Un anuncio tardío e ineficaz
Minutos antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno evaluaba un aumento en las prestaciones a personas con discapacidad, que en lo que va del año solo subieron 0,5%. Lejos de calmar las aguas, el mensaje fue recibido con indignación. «Es la quinta vez que dicen que lo están analizando», cuestionó Arroyo.
Incluso algunos aliados oficialistas intentaron convencer al Ejecutivo de dar una señal más fuerte, como destinar fondos de pensiones mal otorgadas a mejorar los aranceles de los prestadores. Pero la propuesta fue descartada. El único legislador de La Libertad Avanza que tomó la palabra, Santiago Santurio, evitó referirse al tema.
Dos diputados oficialistas se desmarcaron de la estrategia del Gobierno: Marcela Pagano, enfrentada con Karina Milei y Martín Menem, y el puntano Carlos D’Alessandro, distanciado de la conducción del partido en su provincia. Ambos aportaron al quórum opositor.
Dentro del PRO también surgieron críticas. El pampeano Martín Maquieyra reclamó la actualización del nomenclador de aranceles y cuestionó que el Congreso deba legislar sobre algo que podría resolverse por resolución administrativa.
Polémica por audios y acusaciones
En pleno debate, se colaron las denuncias por audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se lo escucha hablar de supuestos pedidos de coimas de Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem en la compra de medicamentos.
«El Gobierno debe responder por estas acusaciones. Dijeron que venían a terminar con los curros, y ahora esto los salpica directamente», lanzó el diputado porteño Leandro Santoro. El izquierdista Christian Castillo agregó: «Pasó casi un día y no hubo desmentida. No sabemos si es parte de la interna oficialista». El diputado Esteban Paulón anunció que pedirá citar tanto a Spagnuolo como a Karina Milei para que aclaren la situación en el Congreso.
Qué establece la ley
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año. Entre sus principales medidas se encuentran:
• Financiamiento de pensiones no contributivas.
• Compensación de emergencia a prestadores y actualización mensual de aranceles.
• Refuerzo presupuestario de la ANDIS.
• Actualización de la asignación estímulo para personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos.
• Nuevos ingresos a este régimen de empleo.
• Conversión de pensiones por invalidez en pensiones por discapacidad.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal estimado va del 0,22% al 0,42% del PBI en nuevas pensiones, 0,03% en compensaciones a prestadores y 0,0008% en talleres de producción, aunque no se pudo calcular el impacto total de otras disposiciones.
