“Persecución política y racial”: el fundador de Valdocco apuntó contra el gobierno de Zdero por ordenar el cierre de una escuela para jóvenes wichí
En diálogo con LITIGIO, el fundador de la Fundación Valdocco, el sacerdote y diputado nacional Juan Carlos Molina, valoró la sentencia que ordena al Gobierno del Chaco garantizar la continuidad de la escuela de General Vedia para más de 50 estudiantes wichí. Denunció persecución política y racial, cuestionó la apelación oficial y advirtió que sin apoyo estatal la institución no podrá sostener su tarea educativa y social.
Juan Carlos Molina, sacerdote salesiano, diputado nacional por Santa Cruz y fundador de la Fundación Valdocco, destacó la sentencia dictada por el juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, que ordena al Estado chaqueño garantizar el derecho a la educación de más de cincuenta estudiantes wichí que asisten a la escuela gestionada por la fundación en la localidad de General Vedia.
En diálogo con LITIGIO, Molina calificó el fallo como “muy contundente” y subrayó que se trata de una resolución “sólida desde lo jurídico, lo político y los derechos humanos”. “Es una sentencia muy bien fundamentada, con una mirada profunda sobre los pueblos originarios y la defensa de los más indefensos. No es un dato menor”, sostuvo.
La decisión judicial fue ratificada en feria por la jueza Ana Karina Yagas, quien intimó al Ministerio de Educación y al Gobierno del Chaco a cumplir el fallo en un plazo de dos días, pese a la apelación presentada por el Ejecutivo provincial, que fue concedida con efecto no suspensivo.
Molina consideró que el fallo vuelve a poner en agenda una problemática histórica: “La Corte Suprema ya había advertido al Estado provincial y nacional en 2006 sobre esta situación, y hoy seguimos discutiendo lo mismo”.
En ese marco, denunció que el conflicto con Valdocco responde a una “persecución política y racial”. “Las operaciones empezaron cuando se supo que iba a ser candidato. Se repitieron las mismas maniobras en Chaco y en Santa Cruz. El objetivo no es mejorar la educación, es cerrar Valdocco”, afirmó.
El fundador de la institución también defendió el trabajo que la fundación realiza desde 2008 en la provincia. “No somos solo una escuela. Somos un espacio de contención integral: los chicos viven con nosotros todo el año, comen, estudian, se visten, reciben atención y acompañamiento. Es lo que debería garantizar el Estado”, explicó.
Respecto de los cuestionamientos oficiales sobre el plantel docente, Molina negó irregularidades y aseguró que todo el personal es real, cumple funciones específicas y cobra de manera legal. “Esto no es una escuela privada tradicional. Acá los educadores enseñan, acompañan, contienen, cocinan y cuidan. Pretender medirlo con los mismos criterios es desconocer la realidad”, remarcó.
Finalmente, advirtió que el futuro de Valdocco en el Chaco dependerá del accionar estatal. “Vamos a pelear hasta el final, pero sin apoyo del Estado es imposible sostener esto. Si el Estado no acompaña, los chicos tendrán que volver a un lugar donde no hay agua, comida ni oportunidades. Y eso, además de injusto, es una violación de derechos”, concluyó.
El conflicto
El conflicto entre la fundación Valdocco y el gobierno de Leandro Zdero estalló cuando el el Ministerio de Educación resolvió retener más de 177 millones de pesos destinados al pago de salarios y al funcionamiento de la institución, y avanzó con un proceso de cierre apoyado en supuestas irregularidades administrativas. Entre los cuestionamientos oficiales se mencionaron docentes que percibirían haberes en Chaco y Santa Cruz, la ausencia de balances y presuntas inconsistencias en la documentación de los alumnos. Incluso se impulsó una denuncia penal por una supuesta defraudación al Estado. “Es inadmisible pagar algo que no existe”, llegó a afirmar la ministra de Educación, Sofía Naidenoff.
La sentencia del juez Flores, sin embargo, desplazó el eje del debate. En lugar de centrarse en la disputa administrativa, el magistrado puso el foco en las consecuencias sociales de la decisión estatal. Señaló que el Gobierno incumplió su obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, y advirtió que el cierre de un espacio de cuidado sin una alternativa concreta constituye una clara regresión en materia de derechos.
En ese marco, Flores definió a la institución como un “dispositivo comunitario integral” que no solo garantiza educación, sino también alojamiento, alimentación y atención sanitaria a niños y adolescentes que no encuentran respuestas en el sistema educativo tradicional.
La resolución incluyó, además, una pregunta incómoda para el Estado: qué destino tendrían esos chicos si la fundación dejara de funcionar. “¿A dónde irán? ¿Quién garantizará de manera inmediata su alojamiento y su alimentación cotidiana?”, se preguntó el juez, antes de concluir que “no hay justicia posible allí donde la decisión estatal incrementa el sufrimiento evitable de los más vulnerables”.
Pese a ello, el Gobierno provincial apeló el fallo y lo calificó de “arbitrario”, mientras desde sectores oficialistas se insiste en reducir el caso a la figura de supuestos “docentes truchos”, dejando en segundo plano el impacto humano de la medida.
*Fuente: litigio.com.ar
