Conflicto en el Interfluvio por el proyecto de producción porcina
*Por Luz Vallejos – El año pasado nos enteramos que el gobierno nacional andaba craneando firmar acuerdos comerciales con China para instalar granjas porcinas en el país, y en la provincia ya se animaban a presentar formalmente una “Propuesta proyecto asociativo porcino provincial para China”. Y si bien en Chaco conseguir información ambiental es una odisea, a fuerza de presentaciones judiciales conseguimos esa “propuesta” presentada por el gobierno en noviembre del 2020. Obvio que nos preocupamos después de leer el documento y se armó un gran revuelo por eso. Entre dimes y diretes, el gobierno nacional no pudo firmar estos acuerdos comerciales con China porque nos resistimos.
¿Y por qué resisten las comunidades? Porque nos informamos, empezamos a investigar sobre otras experiencias de mega granjas porcinas en otros lugares del mundo. El panorama era horrendo.
Resumiendo, y en palabras del Profe Guillermo Folguera “Los problemas más importantes que produciría son: Inicialmente hay uno evidente que tiene que ver con contaminaciones locales y regionales: con tal volumen de animales, independientemente que no estén concentrados, sino distribuidos a lo largo del territorio, conlleva a contaminaciones de las napas, de los cursos de agua y del aire; todo lo vinculado con deshechos también es un problema; este tipo de procesos concentrados implicarían además, la destrucción del pequeño y mediano productor (en este caso de cerdos); ratificaría un modelo agroindustrial basado en la soja; intensificaría cuestiones de maltrato animal. Y además el concepto de soberanía alimentaria quedaría cuestionado, y por último algo que genera cierta perplejidad es que es un foco potencial de patógenos:»
Ante tanto revuelo, el gobierno nacional le tiró el fardo a las provincias. Y acá estamos! Los acuerdos comerciales con China sufrieron mutaciones en estos territorios. No se habla de granja porcinas sino “desarrollo y progreso rural en general”. Dicen por ahí que hay propuestas para sembrar mangos, bananas y hasta soja. Pero también hablan de que el gobierno chino invertirá en alambrados de predios individuales y cultivos extensivos para pobladores del Interfluvio
Lamentablemente sabemos muy poco de lo que concretamente quieren acordar con el gobierno Chino en estos territorios. La política partidista y la fragmentación que ella misma genera está haciendo estragos en las comunidades como la topadora en los montes.
Por eso tenemos que seguir resistiéndose y exigiendo acceso a la información, participación pública, consulta previa libre e informada sobre asuntos ambientales. (Acuerdo de Escazú-2020).
La consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas enmarcado en una serie de derechos y reconocimientos particulares por parte de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. (Convenio 169 OIT)
No somos unxs loquitxs criticonxs. Queremos saber para decidir. Queremos saber qué quieren hacer con estos pocos monte que nos quedan, porque esos montes somos nosotrxs. Reclamamos consulta previa y estudios de impactos ambientales
La consulta debe realizarse según las propias tradiciones de la comunidad como un procedimiento culturalmente adecuado donde intervienen: instituciones representativas, medidas para la comprensión de procedimientos legales, intérpretes y otros medios que sean eficaces. Eso debe ser apropiado según las circunstancias de la medida propuesta, las características nacionales y del pueblo, respetando las formas de indígenas de toma decisiones.
Y los estudios de impacto ambiental deben realizarse en colaboración con los pueblos involucrados con el objeto de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y medio ambiental de las actividades previstas. Para realizar estos procedimientos se deben seguir los estándares provinciales, nacionales e internacionales.
Según ellos, estos procesos de consulta e informes de impactos ambientales deben estar terminados antes del otorgamiento concesional e incluir análisis de impacto acumulado de proyectos existentes y los que hayan sido propuestos para que de esta manera se informen los pueblos indígenas sobre las propuestas de proyectos que puedan afectarles, garantizando así la consulta informada.
