Denuncian por violencia de género al presidente del Concejo de Villa Río Bermejito

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La denuncia remite a un caso de violencias que habría comenzado a ocurrir 20 años atrás y es acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.

El pasado 29 de enero se radicó una denuncia por violencia de género en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Juan José Castelli, el agresor sería el actual Presidente del Concejo Municipal de Villa Río Bermejito, Norberto Jacinto Novak,  quien en ese momento era el intendente de la localidad.

Los hechos remitidos por la mujer habrían comenzado más de veinte años atrás, cuando la entonces joven de 17 años habría sufrido violencia sexual de parte de Novak, luego de una serie de insinuaciones que habrían iniciado durante su temprana adolescencia.

En sentencia interlocutoria, el Juez Dr. Gonzalo García Veritá, dictó medidas de protección – prohibición de acercamiento a más de 200 metros, ya que considera que existen «graves indicadores de riesgo» y resulta indispensable el amparo jurídico de la mujer. Además, la medida decreta el cese de todo acto de hostigamiento, perturbación o intimidación por parte del agresor, quien actualmente habría hostigado a la víctima y a su grupo familiar.

La denuncia que presentó la víctima acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Juan José Castelli fue también remitida a Fiscalía en turno por los delitos penales que correspondieran en el marco de los episodios denunciados encuadrados como violencia sexual, económica y psicológica.

Cabe destacar que Novak habría utilizado la función pública para entablar vínculo abusivo con la víctima, lo que configura una relación asimétrica de poder en razón del género, edad, situación socioeconómica.
El tratamiento integral a la víctima está establecido en la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar violencias contra las mujeres y Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, siendo el Estado responsable de garantizar la protección de las víctimas a través de todos sus poderes.

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