Defensoría del Pueblo pidió al gobierno protección al usuario
Bernardo Voloj planteó las dificultades en el acceso a un servicio esencial para la vida diaria y el bienestar general. Frente al aumento desmedido y desproporcionado de la tarifa de la energía eléctrica, por decisiones del gobierno nacional pocos claras que plantean por un lado una recategorización de usuarios y una reducción drástica de subsidios, que implican la implementación de nuevos y extraordinarios aumentos, la Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno una serie de medidas para proteger a los usuarios chaqueños.
El alto costo de la energía eléctrica ha impactado gravemente en la economía de muchas familias chaqueñas, dificultando el acceso a un servicio esencial para la vida diaria y el bienestar general. Esta situación se agrava en el contexto de la actual crisis económica, que ha reducido significativamente la capacidad de pago de los ciudadanos, con un gran incremento en el riesgo de cortes de suministro (ver página 3).
«Entendemos que este aumento disparatado y exorbitante, contrario a los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad, no corresponden a Secheep, sin embargo se trasladan a los usuarios chaqueños estas medidas tomadas desde la Secretaría de Energía de Nación que no tienen en cuenta la realidad de nuestra provincia y la de sus ciudadanos», dijo Bernardo Voloj.
Frente a la preocupación creciente de los usuarios se han pedido se adopten las siguientes medidas: revisión de las boletas de los períodos de abril y mayo que en muchos casos triplica al del período anterior; la implementación de una tarifa social provincial más amplia que la existente, incrementando los kilovatios-hora (kWh) subsidiados y ampliando el universo de beneficiarios; la creación de un sistema provincial de segmentación para determinar con mayor precisión los usuarios que requieran una mayor cobertura de beneficios para afrontar los costos de la energía eléctrica; la realización de campañas urgentes y masivas sobre el uso racional; se arbitren las medidas necesarias para postergar los avisos de corte de servicio, extendiendo el plazo de 30 días a sesenta días, e instando a que los cortes se realicen únicamente con dos facturas impagas, no con una, considerando los recientes incrementos en las tarifas; se respete el beneficio para los clubes deportivos y entidades civiles, asegurando que estas instituciones puedan continuar sus actividades sin verse excesivamente afectadas por los costos de la energía eléctrica y no se haga el corte de servicio a las personas electrodependientes bajo ninguna circunstancia.
