La jueza Loretta Preska falló que la Argentina deberá dar acceso a las comunicaciones de los funcionarios actuales y anteriores de Economía. Los fondos de inversión que demandan al país buscan probar que se manipuló el precio de la nafta y así embargar a la empresa estatal.
La jueza Loretta Preska, de Nueva York, Estados Unidos, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó a la República Argentina que entregue los mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios -entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa- para intentar probar que hayan manejado los precios de los combustibles.
La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi US$ 900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.
El argumento de Burford es que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera como de los objetivos políticos del gobierno de turno.
Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor -ex candidato a presidente-, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren.
