La ley de interrupción del embarazo tuvo más de 37 demandas judiciales
Como en el Chaco en varias provincias se judicializaron los cuestionamientos a la norma, sin embargo ninguno prosperó. En vísperas del aniversario de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, Amnistía Internacional celebra la defensa de la ley en los tribunales del país y exige al Estado que cumpla con su deber de dar información.
La organización supervisa acciones judiciales en contra de la ley 27.610 y ha intervenido estratégicamente en algunos casos.
Antes de cumplirse un mes de su promulgación, ya se habían presentado más de 20 acciones cuestionando su constitucionalidad y pidiendo su suspensión, una de ellas se produjo en el Chaco.
Y en el transcurso de 2021 se registraron más de 37 demandas en las provincias, de las cuales 32 cuestionaron directamente la norma. Ninguna prosperó, y solo cinco siguen en trámite ya que el Poder Judicial las fue rechazando sistemáticamente.
Los argumentos
En un extenso escrito la organización señala que la vigencia de la ley se basa en el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un imperativo de justicia social y reproductiva, y de derechos humanos.
«Los embates contra la norma fueron resistidos aludiendo al respeto a la división de poderes, la legitimidad democrática, y a razones de salud pública. Por su parte, algunos tribunales además consideraron que los derechos no pueden ser anulados por un grupo de ciudadanos bajo la aparente representación de un colectivo inexistente o hipotético, y que las decisiones deben tomarse con perspectiva de género y sin permitir la prevalencia de estereotipos discriminatorios sobre las mujeres en la sociedad».
Entrevistas en provincias
Por otra parte se indica que un equipo especializado viajó a varias provincias y lo seguirá haciendo en 2022. En entrevistas con personal de salud los profesionales señalaron limitaciones para garantizar el efectivo acceso al aborto.
Los datos surgen de respuestas a pedidos de información de Amnistía Internacional y se complementan con entrevistas a activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil; relevamientos con organizaciones locales y testimonios de personas que enfrentaron graves barreras en el acceso al aborto legal.
Falta información
En un pronunciamiento difundido este lunes 27 la organización subraya que la norma fue una «gran victoria del movimiento de mujeres, jóvenes, diversidades y de toda la sociedad». Y que «la consagración del 30 de diciembre de 2020 marcó un hito en materia de derechos humanos no solo para la Argentina, sino también para la región y el mundo».
No obstante señala que los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo comienzan por la falta de información. «En el primer año de vigencia de la ley, ni el Estado Nacional, ni las provincias, hicieron campañas de difusión», se cuestiona.
Por eso, se recuerda que según estándares internacionales de derechos humanos, el Estado debe asegurar el acceso a la información».
«Un derecho que se desconoce no se ejerce y el Estado ahora debe dar un paso más e informar con campañas masivas a la población dónde y cómo acceder al derecho a una interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) además de seguir trabajando para remover las barreras en el acceso», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
