Opinión: «El secreto de una provincia subadministrada, la coparticipación más alta, la mayor deuda pública y los peores indicadores sociales del NEA

El slogan “Chaco el secreto de Argentina” daría para pensar que el secreto sería el alto nivel de vida de la población chaqueña como resultado de las políticas públicas del gobierno, pero el secreto a voces del Chaco es la pobreza y los peores indicadores sanitarios, ambientales, educativos y de seguridad del país.

Y tal vez los secretos mejor guardados por el gobierno sean la buena performance recaudatoria de origen nacional y provincial, el endeudamiento inoficioso y la opacidad en el destino de los fondos.

Recursos de origen nacional y deuda pública son dos indicadores objetivos de la administración financiera en una provincia, y en el caso del Chaco demuestran que se trata de una provincia subadministrada y empobrecida, existiendo financiamiento asegurado y suficiente. Máxime si la comparamos con provincias del NEA.

Las cifras son contundentes. En 2020 Chaco recibió por coparticipación federal $ 30.000 millones más que el promedio de transferencias automáticas que recibieron provincias del NEA con similar cantidad de habitantes como Corrientes y Misiones; y el stock de deuda pública de nuestra provincia es de casi $ 40.000 millones más que el promedio de esas dos provincias.

En efecto, el año pasado Chaco captó casi $ 104.000 millones por transferencias automáticas de la Nación, contra cerca de $ 74.000 millones de ingresos coparticipables en promedio de Corrientes y Misiones.

La variación interanual de los ingresos por coparticipación en 2020 fue del 39,5% y superó a la inflación, que arrojó el 36,1% en la medición final del IPC del INDEC. El Chaco tuvo un aumento real de recursos de origen nacional de $ 2.600 millones aproximadamente, contra todos los pronósticos agoreros y el discurso oficial de crisis financiera y caída de recursos.

El stock de deuda del Chaco al 30 de septiembre de 2020 era de casi $ 50.000 millones -más del 60% en dólares- cuando Corrientes y Misiones a esa misma fecha tenían en promedio un stock de deuda de poco más de $ 10.000 millones.

El Chaco tiene un ingreso por coparticipación alto -4° índice entre las provincias argentinas- en comparación con jurisdicciones con mayor cantidad de habitantes como Mendoza, Tucumán y Entre Ríos. Y por supuesto tiene el mejor índice de coparticipación del NEA.

Con estos indicadores, una primera conclusión a la que se puede arribar es que la administración financiera del Chaco es ineficiente y poco transparente. En cambio las administraciones de Corrientes y Misiones serían más eficientes con $ 30.000 millones menos de recursos de origen nacional y una quinta parte del stock de deuda pública que el Chaco. Habría que pedirles la receta.

Otra conclusión es que la responsabilidad no es solo del oficialismo, sino también de la oposición política en el Chaco, porque por ejemplo el endeudamiento público requiere del voto de la oposición para lograr la autorización de un empréstito en la Legislatura, y a la oposición le corresponde también el rol constitucional de controlar la administración general de la provincia, aprobar el presupuesto y la cuenta general del ejercicio. Nadie debería hacerse el distraído.

Es posible concluir también que con el nivel de recursos que tiene el Chaco y con una administración financiera sana y ordenada no debería tener el stock de deuda pública que tiene. Y menos todavía para financiar gastos corrientes. Podría contar por ejemplo con un fondo anticíclico para contingencias y suavizar el efecto de las bajas estacionales en la captación de recursos de origen nacional. Esto evitaría el endeudamiento de corto plazo y con altas tasas de interés todos los meses, a través de la emisión de letras de tesorería.

A la ineficiente administración financiera se le suma la debilidad de los controles, y no solo de los poderes y órganos constitucionales de control de la hacienda pública, sino también del control social indispensable en un sistema democrático.

En este contexto el resultado negativo de las políticas públicas está a la vista: 48,7% de pobres y 18,2% de indigentes en el conglomerado del Gran Resistencia en el primer semestre de 2020 según el INDEC. Mientras que la inflación y la caída del salario real de los trabajadores estatales siguen sumando pobres e indigentes mes a mes, desde el gobierno no se habla del tema, y otros dejan hacer y dejan pasar.

*Cr. Livio Fernández
Secretario General
Policías Autoconvocados por un Salario Justo