Opinión: Seguridad Pública en la mira, estadísticas delictuales sesgadas de Capitanich
*Por Livio Fernández
«El gobernador Jorge Capitanich reinició el funcionamiento del Consejo Provincial de Seguridad Pública (CPSP) a fines de diciembre de 2019, luego de más de 5 años sin reuniones, y expuso un informe sobre la evolución de los delitos en la provincia del Chaco.
En su presentación, el Gobernador desarrolló un informe sobre hechos delictuosos de la serie 2000-2019, utilizando como fuente de información las “estadísticas oficiales” del Sistema Único de Estadísticas Delictuales (SUED) de la Policía. Este sistema procesa denuncias de hechos delictuosos y comprobaciones de oficio en base a las comunicaciones preventivas de las unidades policiales.
Las estadísticas delictuales expuestas por el primer mandatario son parciales y sesgadas. Omitió considerar aspectos relevantes de los delitos a nivel provincial en la línea de tiempo analizada.
En esa reunión la Ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, asumió la presidencia del CPSP. Desde entonces el organismo dejó de funcionar nuevamente. El art. 17 de la Ley de Seguridad Pública (LSP) N° 2011-J (antes Ley 6976), establece la obligación de “reunirse como mínimo una vez cada dos (2) meses”. Debieron realizarse al menos cinco reuniones este año. No hubo ninguna.
Los subregistros de delitos en el Chaco
En su exposición ante el CPSP, Capitanich se refirió a la “criminalidad aparente” (ver en https://www.academia.edu/23907729/¿Contando el delito? Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en Argentina, Máximo Sozzo, Universidad del Litoral). Pero no tuvo en cuenta los subregistros como ser las cifras negras de la criminalidad, que son los delitos ocurridos que no se denuncian y conforman el continente de la “criminalidad real”.
Según encuestas de victimización locales realizadas varios años atrás, los hechos que se denuncian serían solamente una tercera parte de los hechos ocurridos, coincidentes en general con estudios realizados por la Dirección Nacional de Política Criminal.
El Gobernador omitió considerar también el subregistro de denuncias que ingresan directamente a dependencias del Poder Judicial, y que se procesan separadamente a través de un sistema de estadísticas propio de la Justicia chaqueña, y al que la Policía no tiene acceso.
El delito como fenómeno complejo no reconoce fronteras ni divisiones políticas o institucionales, y debe ser medido y estudiado en forma integral. Pero lamentablemente no existe un sistema integrado y único que permita conocer cifras más cercanas a la realidad delictual del Chaco, por la sencilla razón que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no lograron ponerse de acuerdo para integrar los sistemas de estadísticas delictuales.
Los diferentes nomencladores de delitos utilizados y el modo de contar los delitos en el SUED de la Policía y en el sistema judicial, afectan a la integridad y a la comparabilidad de las estadísticas oficiales. Los sistemas no son homogéneos y funcionan como compartimientos estancos.
Las limitaciones de las estadísticas policiales influyen significativamente en el conocimiento de la cuestión criminal, en el cálculo de las tasas de delitos y otros indicadores, y en una correcta percepción política y social del fenómeno delictual.
La producción y el acceso a la información delictual es un insumo necesario para la planificación de las políticas públicas de seguridad. Es información de interés público, indispensable para evaluar resultados y para que el ciudadano pueda ejercer el control social. Si el CPSP no funciona, se priva al sistema de seguridad de una herramienta importante para el diseño de las políticas públicas, de acuerdo a lo previsto por el art. 16 de la LSP N° 2011- (antes Ley 6976). Salvo que las políticas de seguridad se diseñen a ciegas.
La seguridad democrática requiere estadísticas delictuales integrales, verificables, transparentes, comparables, accesibles y oportunas. Salvo que el “powerpoint” de los delitos en el Chaco lo elaboren asesores que desconocen la materia o lo hagan en base al “diario de Irigoyen”.
*Cr. Livio Fernández
Secretario General
Policías Autoconvocados por un Salario Justo
