Policías autoconvocados del Chaco: «Nos meten la mano en el bolsillo»
Parece a propósito que en medio de una pandemia con restricciones a derechos básicos y 280 días de confinamiento equivalente a siete cuarentenas, el Gobierno volvió a la carga con la nefasta política de los montos en negro.
Sentimos, aparte de angustia, que nos meten la mano en el bolsillo, y se avasallan nuestros derechos salariales, a la carrera policial y a la seguridad social, consagrados por la Constitución Nacional y la legislación vigente.
A partir de 2017 conseguimos desandar el proceso de negreo, y creíamos que continuaría el proceso de blanqueo salarial hasta eliminarse definitivamente los montos en negro. Pero resulta que al Gobernador Jorge Capitanich se le ocurrió, a contrapelo del Gobierno nacional y de otras provincias, imponer a los trabajadores policiales dos nuevos conceptos en negro por la suma de $ 5.000 cada uno. Esto, sumado a los $ 2.200 que vienen de antes, provocó que el Agente de policía tenga hoy el 33% del sueldo en negro, haciéndonos retroceder salarialmente una década.
Desde 2008 cualquier excusa le vino bien a Capitanich para imponer montos en negro a la Policía: desde pretender remunerar en negro horas extras, la falta de provisión obligatoria de uniformes, la supuesta productividad de la seguridad ciudadana. O como este año, retribuir en negro el trabajo a destajo por la pandemia, y también imponer un concepto por refrigerio, previa opereta por la compra de bizcochitos destinados al desayuno y merienda de trabajadores policiales, una contratación habitual, normal y tan vieja como la misma Jefatura de Policía.
Pero todos esos eufemismos administrativos ocultan una política salarial perversa de ajuste a los trabajadores policiales activos y pasivos. Si no aceptan las sumas en negro no le damos otra cosa parece ser el mensaje que quiere dar el Gobierno. Y aunque no acepten, se imponen por la fuerza a través de decisiones políticas unilaterales, aprovechando que los policías no pueden negociar colectivamente salarios ni condiciones de trabajo. A todas luces un abuso de la patronal.
Por otra parte, a los Gobiernos parece no importarles perder juicios por el reconocimiento de haberes de retirados y pensionadas. La jurisprudencia local y nacional es pacífica y contundente al respecto. Saben que irremediablemente la Justicia reconocerá el derecho a cobrar en forma remunerativa y bonificable, o sea en blanco. Pero como eso se dará a partir de una sentencia firme dentro de varios años, es muy probable que para entonces ya no estén más en el Gobierno, y lo que es más injusto todavía, habrán muerto algunos actores/beneficiarios.
Los montos retenidos, y su contraparte de quitas salariales encubiertas a policías y penitenciarios, por el pago de montos en negro, según estimaciones propias serían más de 7.000 millones de pesos por la deuda flotante acumulada durante más de una década. El monto ya sería equivalente a más de un presupuesto anual de las Jurisdicciones 21 y 36 (Policía y Servicio Penitenciario).
Se ven perjudicados por esta política salarial alrededor de 15.000 familias chaqueñas que dependen de los ingresos de policías y penitenciarios en actividad, retirados y pensionadas. Afecta a más de 60.000 personas en forma directa. Y también perjudica a todos los afiliados del INSSSEP por el desfinanciamiento de la seguridad social.
Habría un único beneficiado con la política salarial de negreo: el Gobierno de turno, porque al bajar el costo de la masa salarial en forma espuria, los fondos retenidos le servirían para aplicarlos discrecionalmente a otros fines. Téngase presente que los presupuestos públicos no contienen previsiones de recomposiciones salariales, y están formulados con subestimaciones en algunos parámetros importantes como por ejemplo la inflación.
Pero en el futuro, cuando el Estado pierda los juicios millonarios que se iniciaron hace varios años y los que sigan presentándose, el perjuicio se extenderá a todos los habitantes de la provincia del Chaco. Por la sencilla razón que deberán pagarse a los trabajadores policiales la deuda flotante a valor actualizado con más intereses y costas del juicio, y esto restará fondos para educación, salud, seguridad y justicia, entre otros servicios a la comunidad.
A pesar que los Gobiernos conocen perfectamente las consecuencias, igualmente continúan pagando en negro. Por lo visto apuestan a que otros tendrán que afrontar las obligaciones emergentes y no ellos. Basta con citar por ejemplo el juicio de los trabajadores judiciales que tuvo su origen hace más de dos décadas atrás. Pasaron desde entonces seis periodos de Gobierno.
Para hacer frente a los juicios por aquella mala decisión de desconocer el derecho de los trabajadores judiciales (caso Müller), el Estado chaqueño contrajo en 2016 -autorizado por la Ley N° 7782- una deuda de 4.000 millones de pesos aproximadamente, equivalente a unos 250 millones de dólares (u$s), más intereses y cinco años de gracia. Por esta cláusula, el Gobierno anterior solo pagó los vencimientos de intereses.
La deuda de capital trepó a 20.000 millones de pesos aproximadamente, al cambio oficial, y al actual Gobierno le toca afrontar la amortización de capital a partir del año que viene. Aunque se podría reprogramar y renegociar la deuda pública contraída con entidades financieras de Nueva York (EE.UU.), lo cierto es que se seguirá hipotecando el futuro de todos los chaqueños.
Se puede concluir en que es mucho más barato para los chaqueños que el Gobierno pague a los policías, y a todos los trabajadores estatales, salarios en blanco y conforme a la Ley vigente, que continuar pagando en negro y generando una deuda flotante que terminará tarde o temprano perjudicando a todos.
POLICÍAS AUTOCONVOCADOS RECLAMAN DIÁLOGO
La semana pasada, y por décima vez este año, la Asociación Policías Autoconvocados, integrante del Frente de Policías Autoconvocados del Chaco (FREPACH), solicitó la convocatoria de la mesa técnica salarial del sector Seguridad para trabajar y discutir un sendero de solución al conflicto salarial de los montos en negro, a través de un proceso gradual de mejoras salariales, principalmente cualitativas, en el término de 18 meses, tal como estableció el Gobierno nacional para las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Pese a los reiterados petitorios durante ocho meses, hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta de las ministras de economía y planificación, y, de seguridad y justicia, ni del propio gobernador Capitanich.
Cr. Livio T. Fernández
Secretario General
Asociación Policías Autoconvocados – FREPACH
