CONFLICTO DE TIERRAS EN MIRAFLORES: SE CONOCIÓ UNA NUEVA PROPUESTA DE LA MESA INTERPODERES
En la reunión de la mesa Interpoderes estuvieron el titular del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, el Subsecretario de Gobierno de la provincia, doctor José Quiroz; la Defensora General Adjunta Gisella Gauna Wirz, el Procurador General Adjunto, doctor Miguel Fonteina, la diputada Andrea Charole, el Subsecretario de Seguridad, Néstor Florentín, el Jefe de la Comisaría de Miraflores, Walter López y los representante el Municipio de Miraflores, Adrián Yulán y María Marta Romano.
El lunes por la mañana se conoció una nueva propuesta de la Mesa Interpoderes con el propósito de encontrarle una salida pacífica y consensuada al histórico conflicto por la posesión de las tierras comprendidas en las 10 mil hectáreas de la reserva aborigen en Miraflores.
Dicha propuesta fue puesta a consideración por el Presidente del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, tanto de las comunidades aborígenes como de los pobladores criollos en el marco de la reunión de la mesa conformada por representantes de todos los poderes del Estado y referentes de las partes involucradas en el conflicto.
Según explicó Ferreyra, “se trata de una propuesta superadora e innovadora” que busca valorar y respetar los derechos ancestrales de las comunidades originarias, pero que a la vez reconoce el derecho de la propiedad privada de familias criollas que a lo largo de los años fueron habitando esas tierras, tanto la zona urbana como rural.
LA PROPUESTA
Esta segunda propuesta fue elaborada teniendo en cuenta todos los aspectos sociales, culturales, y poblacionales que forman parte de los antecedentes locales, como así también la legislación internacional y toda la normativa nacional y provincial.
En caso de prosperar la iniciativa, las comunidades aborígenes aceptarían que dentro del Territorio Indígena existe la propiedad privada de pobladores que a lo largo de las décadas fueron adquiriendo sus parcelas de buena fe, como así también la creación del Municipio de Miraflores que comprende los lotes 87, 88, 93 y 94 de dicha reserva. Las Comunidades ceden para ampliación del municipio la fracción de tierras afectadas a ocupaciones de vivienda dentro del Lote 74 y el Municipio y la Provincia proyectarán el crecimiento urbanístico de Miraflores fuera del territorio indígena hacia el sur. A la vez, se conformará un Consejo de Consulta Permanente Indígena y el Estado se compromete a desarrollar programas especiales a través de sus distintas dependencias y a destinar fondos económicos específicos para las familias aborígenes; entre otros puntos.
TIERRA Y TERRITORIO
Dos conceptos que fueron abordados con insistencia durante la reunión porque es el punto de partida para entender esta propuesta que se puso a consideración de las partes.
Según el documento, “las Comunidades y el Estado entienden que el territorio se refiere al perímetro geográfico que posee significado para el pueblo que lo habita, el mismo conjuga factores simbólicos, económicos, sociales y culturales que históricamente formaron su identidad cultural y étnica. En este punto el Estado los reconoce, los internaliza y los fomenta dentro del territorio indígena, debiendo las distintas áreas del estado (salud, cultura, educación, ambiente, etc.) adecuar sus reglamentaciones.”
Ferreyra destacó que históricamente las comunidades criollas y aborígenes convivieron en paz y armonía y que la propuesta apunta a mantener ese espíritu de convivencia social y de respeto por los derechos adquiridos.
EL DOCUMENTO CON LAS PROPUESTAS
1) El reconocimiento por parte del Estado Chaqueño al Territorio Indígena comprendido entre los Lotes 1 al 100 de la Colonia La Florida, Dpto. General Güemes.
2) El reconocimiento por parte de las Comunidades Indígenas del estado de derecho Nacional, Provincial y Municipal.
3) Las Comunidades aceptan que dentro del Territorio Indígena existe la propiedad privada en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional y la creación del Municipio de Miraflores que comprende los lotes 87, 88, 93 y 94, de la Circunscripción VII, Sección A, de la Colonia Agrícola La Florida, Departamento General Güemes, con una superficie en conjunto de 400 hectáreas aproximadas creado por Ley Nº 3.877 del año 1993.
4) Las Comunidades ceden para ampliación del municipio la Fracción de tierras afectadas a ocupaciones de vivienda dentro del Lote 74.
5) En pos de una convivencia tolerante de las diferencias y el reconocimiento de una sociedad intercultural, las Comunidades Indígenas aceptan dentro de su territorio la propiedad privada (tanto rural como urbana) de personas que no integran la comunidad indígena.
6) La Comunidad Indígena conformará un Consejo de Consulta Permanente Indígena, que tendrá la representación de las Comunidades Indígenas ante las autoridades Municipales y Provinciales.
7) El Municipio se compromete a destinar un porcentaje de la recaudación del Impuesto Inmobiliario (anualmente) a las Comunidades en forma directa o a través de obras que serán indicadas por las Comunidades a través del Consejo de Consulta Permanente Indígena. Para ello, el estado Provincial se compromete a asistir al Municipio para la actualización del catastro y aumentar con ello la capacidad de recaudación.
8) El Estado se compromete a desarrollar programas especiales a través de sus distintas dependencias Ministerio de Educación, que abarquen el estudio de su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas en todos los establecimientos educativos que existan o se construyan en el Territorio Indígena. El Ministerio de Salud readecuará sus programas de atención a la medicina tradicional indígena capacitando profesionales en este sentido, los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica; y el Ministerio de la Producción a través de la Subsecretaria de Recurso Naturales readecuaran sus programas para la protección del hábitat, ambiente natural en el territorio para lo cual, se deberá proteger la flora y fauna.
9) Para todo tipo de acciones que pretendan la intervención en las áreas naturales (públicas o privadas) se procederá a realizar consultas públicas en el marco de la ley provincial N° 1027-A (antes 4654), debiendo contarse con traductores que legitimen la consulta.
10) El Municipio y la Provincia proyectaran el crecimiento del Municipio fuera del territorio indígena hacia el Sur (la localidad de Castelli)
11) La Provincia se compromete a escriturar a la Comunidad tierras fiscales sin ocupantes dentro del territorio Indígena e integrar el territorio con la compra de tierras privadas de aquellos propietarios en forma voluntaria ofrezcan a la venta. Y respecto de las tierras privadas que no sean ofrecidas a la venta, las Comunidades aceptan ser resarcidas – en virtud del artículo 8°, punto 2, inciso b) de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas-, con el X% de la recaudación por el Impuesto Inmobiliario Rural anual, que el Estado se compromete a afectarlos al destino que decida el Consejo Indígena de la Colonia. re
12) El Municipio y la Provincia se comprometen a la protección de «los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas, con la instrumentación de programas especiales, como los mencionados en el punto 8 y los que surjan de futuras propuestas presentadas tanto por el Consejo de Consulta como del Estado.
