El Estado hará cumplir la sentencia judicial a favor de las comunidades originarias del lote 88 de Miraflores

Durante una audiencia realizada días pasados en el Juzgado Civil y Comercial de Castelli, la Fiscalía de Estado anunció que se implementará un plan de ejecución de la sentencia judicial a favor de las comunidades originarias del Lote 88 de esta localidad.

El caso que forma parte de un histórico conflicto por las tierras ancestrales, tuvo una sentencia en el año 2012 a favor de Epifanio Leiva, miembro de la comunidad qom de esa localidad. En esa oportunidad, mediante una acción de amparo, se declaró ilegal la venta de tierras del Lote 88 en Miraflores por formar parte de una reserva indígena, y la Justicia ordenó restituir los territorios a sus pobladores ancestrales.

Ahora, luego de varios años, el Estado chaqueño estaría decidido respetar la sentencia y reconocer en forma efectiva el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de los territorios que ocupan ancestralmente. Según plantearon en la audiencia, se estableció un plazo de 15 días para presentar un plan de ejecución de la sentencia que deberá adecuarse al convenio 169 de la OIT referido a derechos de los pueblos indígenas. Este proceso no será sencillo ya que actualmente es ocupado por numerosas familias aborígenes y criollas que adquirieron terrenos de buena fe a lo largo de los años. La jueza Selva Gaynecotche fijó una nueva fecha de audiencia para el próximo 6 de abril para que las partes puedan plantear observaciones respecto al plan que proponga la Fiscalía de Estado.

EL CASO
En marzo de 2012, Epifanio Leiva, de la etnia qom, impulsó una acción de amparo ante el fuero de Familia de Juan José Castelli para que se reconozca que los territorios del Lote 88 de Miraflores pertenecían a su familia y que formaban parte de la reserva indígena de 10 mil hectáreas, por lo cual no podían ser vendidos.
En su momento, la entonces jueza del menor y la Familia, Gladys Regosky, hizo lugar a la acción de amparo ordenando al comprador restituir a la familia Leiva las tierras que, según se comprobó por parte de los organismos provinciales, formaban parte de una reserva aborigen desde el año 1979. Luego, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco confirmó la sentencia, destacando que se priorizaba la defensa, protección y respeto a las reservas aborígenes.
Con el transcurrir de los años, el caso quedó paralizado y según denunciaron desde las comunidades indígenas, hubo un importante avance poblacional dentro de este territorio, que hoy forma parte del casco urbano de la localidad de Miraflores.

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