INADI Chaco alerta sobre prácticas discriminatorias que afloran en medio de la pandemia

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La delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el Chaco, Nancy Sotelo, alertó sobre el aumento de casos de discriminación que, en el marco de la pandemia de Covid-19, vulneran los derechos de integrantes de comunidades indígenas de la provincia.

Sotelo explicó que la delegación a su cargo recibió en los últimos días un creciente número de consultas y denuncias sobre hechos que podrían constituir prácticas discriminatorias por parte de personas que, guiadas por prejuicios, asocian falsamente ciertos rasgos físicos étnico-raciales que comparten comúnmente los pueblos indígenas de la provincia con la posibilidad de transmisión de Covid-19.

“Se trata, claramente, de opiniones que no tienen ningún fundamento y que más bien se apoyan en una de las formas más extremas de la discriminación que es el racismo y que, lamentablemente, todavía está muy presente en la provincia”, advirtió la delegada del INADI.

Sotelo dijo que es necesario alertar sobre estas prácticas y discursos discriminatorios al gobierno provincial y a las autoridades de los distintos ministerios que vienen trabajando para reducir el impacto de la pandemia. En ese sentido, la funcionaria nacional señaló que las consultas y denuncias recibidas por el INADI muestran que el problema está presente tanto en el Gran Resistencia, como en distintas localidades del interior con fuerte presencia de comunidades indígenas, cuyos integrantes vienen denunciando que sufren actitudes de intolerancia y estigmatización, en muchos casos expresados a través de redes sociales, que se agravaron desde el inicio del aislamiento obligatorio.

“Hay que redoblar los esfuerzos destinados a la prevención, para lograr la erradicación de prácticas discriminatorias por motivos étnicos o culturales de la provincia”, sostuvo la delegada del INADI.

“Es necesario que se brinde una urgente contención a la población indígena ante el avance de la pandemia. El Estado provincial debe fortalecer la intervención en materia sanitaria para garantizar los derechos de las comunidades originarias”, concluyó Sotelo.

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