Opinión: «Decadencia de la Seguridad Pública en el Chaco»

La decadencia de la seguridad pública lleva tres décadas sin solución de continuidad. Invertir lo menos posible en una de las finalidades más requeridas por la comunidad chaqueña es la política de estado aplicada por los distintos Gobiernos de turno.

El debilitamiento de este servicio esencial vino de la mano de un bajo compromiso con la seguridad. De un histórico 8-10%, la participación relativa de la finalidad seguridad sobre el presupuesto general de la Provincia, cayó a la mitad hacia fines de la década de los 90´ y continúa de la misma manera, mientras los poderes públicos miran para otro lado.

El ajuste en la finalidad seguridad impactó negativamente en los sueldos policiales, que representan más del 90% del gasto en la Jurisdicción 21 Policía Provincial. Y también en la inversión en bienes de capital, que disminuyó a niveles presupuestarios irrisorios.

Sobresalieron el maltrato profesional y el castigo salarial a los trabajadores policiales. Desde purgas recurrentes, pasando por la suspensión de incorporaciones, ascensos y retiros. Las políticas salariales se apartaron del régimen salarial vigente con el achatamiento en los sueldos básico, la imposición de montos en negro y pérdidas de salario real. No hay seguridad pública sin policías y menos contra los policías en situación de desamparo colectivo.

Y como si todo fuera poco, desde 2012, un proceso inconcluso de reforma orgánica a través de una ley de seguridad pública inaplicable. El enfoque sistémico de la seguridad es una buena idea, pero fue pésimamente instrumentada. Y la última reforma orgánica de este año superpobló el nivel estratégico de la Policía con cargos equivalentes a una organización cuatro veces superior a su dotación actual. Un disparate.

Se conformó una Policía pretoriana que está principalmente al servicio del Gobierno, y cada vez menos al servicio de la comunidad. Cumple funciones secundarias en desmedro de sus objetivos esenciales. Mientras la inseguridad y la violencia se convirtieron en un problema social crítico.

La comunidad organizada chaqueña tiene pendiente el debate sobre qué servicio de seguridad y qué tipo de Policía queremos. La actual sólo puede servir al Gobierno. Este a su vez debería reorientar la política de Estado hacia un mayor compromiso con la seguridad y promover un debate institucional amplio, que incluya también a los trabajadores policiales, para corregir las anomalías del sistema de seguridad pública vigente.

*Cr. Livio Fernández
Secretario General
Policías Autoconvocados por un Salario Justo

*Imagen ilustrativa

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