MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTELLI

Distintas organizaciones de Derechos Humanos, organismos oficiales y vecinos de Castelli exclamaron un contundente repudio a la violencia contra la mujer, durante la marcha realizada el viernes por la tarde bajo el lema “Ni una menos”. Además, se dio a conocer un duro documento público en el que se les reclama a los distintos actores de la sociedad un mayor compromiso con esta problemática. En el mismo recordaron que “el femicidio es el más grave y condenable acto de violencia contra las mujeres, que no sólo implica un acto de barbarie, sino uno de los síntomas más claros de una sociedad históricamente desigual”. Remarcaron que “la violencia contra las mujeres, de carácter sistemático en nuestras sociedades patriarcales, ha sido reconocida como un problema que afecta la igualdad y la paz, y viola los derechos humanos”.
El documento fue leído en una emotiva ceremonia que se realizó en la Plaza San Martín, luego de concretar el recorrido de diez cuadras con una marcha que partió desde el Hospital del Bicentenario. También reclamaron que “cada poder, cada estamento del Estado debe actuar conforme los principios que configuran estándares internacionales mínimos, aplicables a todas las jurisdicciones”.
En esta nueva edición de la marcha, participaron numerosas organizaciones e instituciones del medio, entre ellas la Red de Fortalecimiento a la Familia, Comunidades Eclesiales de Bases, la ONG Micaela, la Secretaría de Desarrollo Social y representantes de instituciones eclesiásticas, educativas y judiciales.

PRINCIPALES PUNTOS
Los principales puntos del documento que fue entregado a autoridades judiciales y del ejecutivo.
La designación de fondos presupuestarios para la aplicación de Programas de Prevención y Asistencia; la creación e implementación de Equipos Interdisciplinarios para el seguimiento y tratamiento de las víctimas y sus hijos, el adecuado funcionamiento del botón antipánico y que se destine un cupo de viviendas para las mujeres en situación de violencia y sus hijos. Además, solicitan que se incorpore como personal policial a mujeres bilingües en las Comisarías de las zonas; que se sancione a los funcionarios, funcionarias y agentes policiales que no cumplan con las leyes y que se cree un Registro Nacional de agresores contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, con el tipo de violencia y/o abuso que se cometió.
También reclamaron que las obras sociales incluyan en sus prestaciones asistenciales el reconocimiento de tratamientos terapéuticos de las mujeres y de sus hijos afectados por la violencia familiar y finalmente pidieron “firmeza política para lograr el desmantelamiento de las redes de trata en las cuales casi siempre están involucrados actores del Sistema Judicial y Policial, con la connivencia de funcionarios políticos”; entre otros puntos.